AVELLANEDA. La intervención de Vicentín divide el mapa político y empresarial

El presidente descartó una ola estatizadora. La empresa evalúa acciones legales. En Avellaneda, sede de la firma, hubo protestas de vecinos

Fuente: La Capital

La decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar la agroexportadora santafesina Vicentín agitó todo el tablero político y empresarial, dominado hasta ayer en exclusividad por la pandemia del coronavirus. Las reacciones se movieron en los extremos, con manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa que comunicó el lunes el presidente Alberto Fernández.

Ayer, el propio presidente defendió la medida con argumentos similares a los expuestos en la conferencia de prensa. Dijo que la intervención de Vicentín «es excepcional» y que «no está en la cabeza» del gobierno «andar expropiando empresas«. También sostuvo que la decisión se tomó para «preservar una empresa muy importante del mercado cerealero» y para mantener «la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores».

Vicentín entró en default en diciembre del año pasado por «estrés financiero» y en febrero de este año se presentó a un concurso de acreedores por una deuda de casi u$s 1.400 millones. En ese proceso se encontraba cuando el gobierno decretó su intervención y anunció el envió de una ley al Congreso para su expropiación.

Los dueños de la firma dijeron que se enteraron «por los medios» de la iniciativa oficial, asegura que se encuentra «ajustada al marco legal» y reivindica sus derechos como empresa.

«El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas», señaló Vicentín a través de un comunicado de su directorio (ver aparte).

Ayer, en la localidad santafesina de Avellaneda (donde está la sede central) hubo una importante manifestación de vecinos. Flameando banderas argentinas, los pobladores se mostraron en contra de la expropiación. La protesta fue fogoneada por el intendente de esa localidad, Dionisio Scarpín, quien llamó a los vecinos a hacer un abrazo simbólico a la empresa y mostró su preocupación por esta suerte de avanzada estatizadora (ver página 4).

«No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas. Claro que es un gran esfuerzo del Tesoro que hay que hacer, por lo tanto la excepcionalidad de tomar esta decisión es absoluta», insistió ayer Alberto Fernández.

«No es que llegamos y tenemos que poner 1.300 millones de dólares, llegamos a una empresa en concurso, porque los que critican esto le quieren hacer creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra», explicó el presidente.

Al ser consultado si podría ocurrir algo similar con la empresa Sancor, Fernández respondió: «No, Sancor no está en la mira», y aclaró que el gobierno «va a ayudar a todas las empresas que podamos, pero expropriarlas no es la regla».

La situación que envuelve a Vincentín agitó también las aguas de la política santafesina y abrió una grieta en el gobierno de Omar Perotti. El gobernador salió a avalar expresamente la medida apenas se anunció, pero ayer su ministro de la Producción, Daniel Costamagna, en una reunión con la comisión de Diputados, dijo que no estaba de acuerdo con la expropiación de la empresa con sede en Avellaneda.

Aceiteros

En el frente gremial, las reacciones fueron todas positivas. El sindicato que agrupa a los Aceiteros celebró la iniciativa oficial al entender que en manos públicas, la compañía «tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos».

«En aquel momento (cuando la empresa entró en default) advertimos que ninguna solución era admisible si no se garantizaban los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores», señaló la Federación de Aceiteros a través de un comunicado.

«Por eso ?—continúo la organización sindical— celebramos que el compromiso de garantizarlos haya estado presente de manera explícita en el anuncio presidencial».

Salvo la Federación Agraria, el resto de las entidades rurales salieron a agitar el «fantasma de Venezuela».

A través de un comunicado, la Sociedad Rural de Reconquista expresó: «No vinieron por Vicentín, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos».

En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se volvieron a manifestar en contra de la decisión del gobierno. «La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos», manifestaron en un documento.